Desplazados retornan sin garantías de seguridad para sus vidas

El desplazamiento forzado en México es una asignatura pendiente del Gobierno. De 2009 a 2017 más de 310 mil personas han sido desplazadas en México por causas de violencia, conflictos territoriales, religiosos o políticos. En Chiapas, solo en noviembre 2017, un conflicto territorial y político entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán desplazaron a más de 4 mil personas de etnia Tsotsil.

IMG_1514-002

SweFOR México observando durante una reunión en Chalchihuitán. Foto SweFOR México

Bajo la violencia y el sonido de balaceras huyeron de sus tierras hacia el bosque. Paradójicamente el hecho sucedió tras la visita a Chiapas de la Relatora de ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, visita en la cual exhorto al Gobierno de Chiapas a tomar medidas para garantizar la vida de las personas desplazadas internas en el estado.

El Padre Marcelo Pérez Pérez, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas llegó por terracerías a los campamentos de desplazados cuya ruta principal estaba bloqueada por grupos armados. Allá documentó y tomó testimonio de la situación e hizo un llamado de emergencia que fue atendido por los párrocos de las iglesias vecinas, organizaciones de derechos humanos y el apoyo solidario de la sociedad civil. Hasta ahora han reportado doce muertos causados por la situación.

El 28 de noviembre 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió medidas de seguridad a los tres niveles del estado para la población desplazada de Chalchihuitán, sin embargo, meses después no han sido cumplidos. El Gobierno es responsable de reconocer, atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren la población desplazada y garantizar todos sus derechos.

Incumplimiento de los acuerdos establecidos.

Tras las reuniones entre la Secretaria de Gobernación (SEGOB), el Gobierno de Chiapas y las autoridades constitucionales y de bienes comunales de Chalchihuitán y Chenalhó, se establecieron 4 mesas de trabajo para solucionar el conflicto. Solo la mesa de ayuda humanitaria ha tenido algo de seguimiento, según nos informa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), quienes están documentando la situación.

A día de hoy y sin garantías de seguridad por parte del Gobierno, una gran parte de los desplazados regresaron a sus tierras, algunos de los cuales encontraron sus parcelas destruidas, casa quemadas y sin cosechas ni animales, comenta Frayba y añade que estos daños sufridos que afectan a la subsistencia de quienes están retornando no han sido contemplados en la ayuda humanitaria provista por el Gobierno.

 “El Estado [de Chiapas] está presionando a los desplazados para retornar a sus tierras, pero sin condiciones seguras. Hay una tendencia a negar las condiciones de inseguridad,
negando que las causas del desplazamiento sigan activas y los disparos continúen, están minimizando la situación. No hay un plan para un retorno seguro,” asegura Frayba.

 

SweFOR está pendiente de la situación para la población desplazada de Chalchihuitán y brinda acompañamiento internacional a Padre Marcelo Pérez y Frayba.

SweFOR México