Los impactos reales de la Ley de Seguridad Interior

El 21 de diciembre 2017 fue aprobada la Ley de Seguridad Interior (LSI) con el propósito de crear un marco jurídico destinado a regular la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Casi un año después, organizaciones de la sociedad civil denuncian que la LSI está teniendo fuertes impactos negativos en el país, coincidiendo con una iniciativa presentada en el senado con el objetivo de abrogar dicha ley.

Fuerzas militares en Chiapas. Foto: Frayba

Últimas novedades sobre la LSI

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza presentó en agosto una iniciativa suscrita por otros 14 senadores de las bancadas del PAN, MC y PRD, para abrogar la Ley de Seguridad Interior apoyándose en los señalamientos de inconstitucionalidad por parte de organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa subraya que la consecuencia de la regularización de las fuerzas de seguridad pública a través de las fuerzas armadas se manifiesta en denuncias por Privación Arbitraria a la Libertad, Tortura, Desaparición Forzada y Ejecuciónes Extrajudiciales entre otras violaciones a los derechos humanos. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Jan Jarab, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, solicitaron al Congreso redefinir el papel del ejército en la LSI y hacer otras revisiones, dado que esa ley vulnera derechos humanos.

Desde que Andrés Manuel López Obrador fue elegido como presidente de México varias organizaciones le han solicitado la derogación de la LSI. La próxima titular de la Secretaría de Gobernación anunció que el nuevo gobierno no buscará la abrogación de esta ley, sino que esperará a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo haga en sus atribuciones legales.

La perspectiva de Frayba

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (C.D.H. Frayba, organización acompañada por SweFOR) expresa fuertes preocupaciones sobre los impactos y riesgos que represente esta ley:

El ejército no está capacitado para tener esa función civil, eso pone en riesgo la población; además, se mueve en los territorios libremente sin pedir permiso a autoridades comunitarias y da una versión cambiada de los hechos.

El Frayba explica que el Estado justifica oficialmente esa libertad de las Fuerzas Armadas en el territorio con la lucha en contra del narcotráfico y el control de la migración ilegal.

En la práctica, esa presencia militar es muy estratégica y representa una forma de control del territorio que resulta en miedo por parte de la población local.

Entrevista a integrantes del Equipo Zona Norte de Frayba. Foto: SweFOR México

Ejecución extrajudicial y LSI – el caso de Carlos Humberto Mendoza de Los Santos

El caso en breve

El Frayba señala que el caso del Sr. Carlos Humberto Mendoza de Los Santos ejemplifica el carácter estratégico de la presencia militar y el impacto de la Ley de Seguridad Interior en la región sureste del país:

El 16 de mayo 2018, integrantes del Ejército Mexicano ejecutaron extrajudicialmente al Sr. Carlos Humberto Mendoza , en un puesto de control militar provisional, en Macuspana, Tabasco. Carlos Humberto Mendoza, originario de Palenque, Chiapas, de oficio carpintero, tenía 32 años y era padre de dos niñas de 4 y 8 años. Él y su familia son parte de la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC). Esta organización está conformada por comunidades ch’oles, tseltales y mestizas que se dedican a la defensa del territorio.

El Frayba comenta:

Lo que le pasó a Carlos Humberto le puede pasar a cualquier persona. Ese es el riesgo permanente que corremos con la presencia militar. Así funciona el miedo. Presentaron a Carlos Humberto como un sicario vinculado con el narcotráfico. Si Carlos Humberto hubiese estado cometiendo un delito, tendrían que haberle detenido, y posteriormente puesto a disposición  del Ministerio Público. Pero a él le dispararon. Este caso ilustra cómo las fuerzas armadas pueden actuar con total libertad, moviéndose en distintos territorios, posteriormente cambian  la versión real de los hechos.”

 

SweFOR acompañó a Frayba a la rueda de prensa sobre la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto Mendoza en Villahermosa, Tabasco. Foto: SweFOR

Perspectivas, efectos y evolución

Según el Frayba, no parece que haya cambios en la política de seguridad con la llegada del nuevo gobierno:

El ejército va a seguir en las calles por lo menos por tres años más y el riesgo continuará. Seis meses después de la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto no hay avances sustanciales por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de Villahermosa, Tabasco.

No están haciendo su trabajo en cuanto a la investigación, el castigo a los responsables, el derecho a la verdad para la familia y la reparación del daño integral, con garantías de no repetición y la disculpa pública, aunado al constante hostigamiento e intimidación que están recibiendo. La ejecución extrajudicial la están llevando a la impunidad, intentando aprovechar el desgaste de la familia y de las instituciones.

 

El Frayba subraya que el efecto de la Ley de Seguridad Interior:

no se limita únicamente al uso de violencia por parte de las fuerzas armadas, también se nota en casos de infiltración y espionaje y en la detención y confiscación ilegal de ganado y otros modos de sustento económico de comunidades y organizaciones.

 

Frayba va a ir hasta las últimas instancias internacionales para exigir justicia y reparación para Carlos Humberto y su familia, asegurándose que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cumpla con sus compromisos con la familia.

– Integrantes del Equipo Norte de Frayba

foto Frayba

Foto de Carlos Humberto Mendoza de Los Santos. Foto: Frayba

Equipo SweFOR México 2017-2018